El Tribunal de Cuentas desaprobó las rendiciones de Tamayo: déficit de $1.400 millones, irregularidades, desmanejos y millonarios gastos en el Concejo

Los números hablan y están lejos de relatos. Las conclusiones arrojadas en los últimos días por el Tribunal de Cuentas Municipal en base a la rendición anual de 2023 reconfirmaron cómo la gestión de Sergio Tamayo dejó las finanzas de la ciudad en coma.

El órgano trazó un estudio exhaustivo del balance y los tres integrantes, la presidente María Paz Pagano y los vocales Jorge Gabriel Blanco y Marcos Adrián Cianchino, ambos nombrados a instancias del oficialismo municipal, votaron en contra ante las graves inconsistencias e incumplimientos.

Un déficit crónico, la corrupción en los entes municipales, las sobreejecuciones sin respaldos, el manejo de millones por parte de la presidencia del Concejo Deliberante sin rendiciones, y mucho más, se transformaron en una bomba de tiempo para el intendente Gastón Hissa y son la síntesis de cómo gestionó Sergio Tamayo.

Para comprender mejor de qué se trata el delicado estado de las finanzas con el que Tamayo dejó el municipio, hay que detenerse las rendiciones. Todo se desprende de las cifras oficiales que ahora deberá tratar el Concejo Deliberante.

Según el informe, el déficit esperado hasta el 10 de diciembre alcanzó los $1.441.798.060,74. La razón detrás es que los gastos programados eran contemplados por $3.516.964.550, mientras que los recursos ingresados fueron de $2.052.166.489,26.

En otras palabras, el gasto fue 71,3% más y comprometió profundamente las arcas municipales. Además, se le sumaron pagos de deudas pendientes por $188.608.550,10.

Al asumir, Gastón Hissa se encontró con una cuenta bancaria al borde del vaciamiento: en su conjunto, los saldos en el Banco Hipotecario, Supervielle, Nación, Patagonia, Galicia y Credicop alcanzaron en total $147.408.320,60.

Ante este panorama, la administración actual enfrentó el desafío de gobernar en una delicada coyuntura. El desdoblamiento del pago de sueldos en diciembre, adelantos de coparticipación y la prórroga en el pago de compromisos y deudas a enero permitieron lograr un superávit efectivo de $470.201.939,26. Finalmente se contó con un gasto de $1.881.964.550 y recursos por $2.352.166.489,26.

A la hora de justificar su voto, Pagano fue tajante: “No hay mucho que decir respecto del estos actos contrarios a toda transparencia y veracidad respecto de las arcas del tesoro municipal, sino solamente que el endeudamiento que dejó la gestión anterior resulta monstruoso y abrumador”.

A lo largo de su análisis, en base al estudio del contador General, Sebastián Páez Segalá, la auditora enumeró los graves incumplimientos e interrogantes a la hora de explicar el uso del dinero público.

El desmanejo de los Entes municipales ocupa un capítulo vital para el análisis. Todos sus presupuestos fueron sobreejecutados y la rendición de los fondos fue casi nula.

El Centro de Logística comienza su ejecución presupuestaria con $106.000.000,00 y finalizó con $1.143.603.201,170. Contó con un incremento del 979% durante el 2023.

Para el Ente de Noticias “San Luis la Ciudad” fue contemplado un presupuesto de $1 millón y culminó con $147 millones. Un aumento de 14.600%.

Nuevamente la falta de información se hizo presente: “No se pudo realizar en este caso una auditoría cabal y completa ya que dicho ente no ha presentado rendición alguna al respecto”.

El Ente Cultural y Turístico siguió con la misma tendencia. Empezó con un presupuesto de $20 millones y finalizó con $68 millones.

“Los entes realizaban contrataciones no sólo sin ningún parámetro de límite y/o lineamiento para realizar las contrataciones, sino que no se respetó orden de provisión, facturas, órdenes de pago, etc. Es decir, el procedimiento administrativo típico por tratarse de fondos públicos”, sostuvo Pagano.

Cabe mencionar que es la primera vez que son auditados en cuatro años debido a que el Tribunal era manejado discrecionalmente por el oficialismo tamayista. “Era cuestión de voluntad política”, dijo Pagano en declaraciones a El Chorrillero.

La situación del Supermercado Municipal reviste la misma oscuridad. Constan compras de cerámicos de montos elevadísimos y de obras de arte.

El 61% del presupuesto estuvo constituido por aportes municipales mientras que sólo el 39% resultó de ventas propias.

Además, hay un dato revelador y deja por sentado el mal manejo de los fondos: un tercio del total de las compras de la Municipalidad pasó por el Supermercado.

“Esta situación de desmanejo abominable de fondos públicos no hace más que desnaturalizar el sistema de compras públicas que establece lineamientos y límites en el sistema de compras públicas bajo normativa administrativa”, subrayó Pagano.

Los fondos del Concejo Deliberante merecen, asimismo, un apartado especial. Es calificado con “anomalías insólitas”.

De la rendición de 12 meses que debía hacer el presidente, Gastón Témoli, kirchnerista devenido en albertista, respecto de su partida presupuestaria, sólo fue remitido una.

Su presupuesto fue aumentado en más de un 145% mediante ocho decretos de ampliación. Del cuadro de ejecución surge que se asignaron $313.837.619,20 a comienzos de año, pero culminó con $770.438.278,44. Es decir, contó con $456.600.659,24 adicionales.

En este sentido, Pagano fustigó a Témoli: “De más este señor concejal, ya que enarbola la bandera de la justicia social, debiera devolver todos y cada uno de los fondos no rendidos y con la poca dignidad que le queda, renunciar a su banca”.

Las contrataciones de vehículos sin ninguna especificación merecen también atención. No hay ninguna justificación detrás de estos actos administrativos ni tampoco para qué se utilizaban, ni qué funcionario o empleado los utilizaba. Tampoco hay una contratación con una empresa que rente estos vehículos, “pudiendo perfectamente ser autos de los propios funcionarios”.

Sobre el inventario, altas y bajas de bienes patrimoniales, el contador Páez Segalá es claro y afirmó que no se puede realizar seguimiento y trazabilidad ya que no incorpora información sobre los expedientes de adquisición, facturas de proveedores, fecha de alta; no se incluye de manera precisa la ubicación de los bienes; no se determina el estado; no se identifican las altas y/o bajas ni mejoras realizadas; no se conoce el precio de adquisición; y no se encuentra sistematizado digitalmente.

Transpuntano, por su parte, mostró una pérdida en el 2023 por $3.358.463.107,37, explicada principalmente por su estructura de costos respecto a sus ventas.

La empresa recibió aportes por parte del Ejecutivo municipal por la suma de $1.900.000.000,00, que luego de practicar ajuste por inflación, el monto asciende a $3.770.032.308,31.

Al 31 de diciembre la empresa adeudaba en concepto de aportes y contribuciones la suma de $338.570.348,65, siendo exigibles $220.271.227,67.

El informe se detiene también en los recursos humanos y su incumplimiento con el Presupuesto sancionado. Por ejemplo, mientras que la Ley marcaba 1659 puestos en planta permanente, al finalizar el mandato, Tamayo contó con 2417.

Un detalle que también se desprende es cómo el municipio nunca dejó de recibir recursos extras de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

Desde enero hasta el 10 de diciembre se giraron en total 11 partidas por un total de $3.659.306.277,23.

Y también hay una diferencia en el cuadro de compensación con Edesal.

“Parecería que los fondos públicos no son de nadie, o peor aún pertenecen a los bolsillos de quienes se encuentran ejerciendo la función pública ya que se manejan fondos a placer y antojo de las necesidades y bolsillos de los que llevan a cabo la gestión municipal sin ningún tipo de prurito y/o escrúpulo”, aseveró Pagano.

Y agregó: “Esta situación no hace más que mostrar en una pequeña medida los altísimos grados de corrupción a los que hemos estado sometidos los puntanos por años y lo que es peor, muestra la monstruosa impunidad de la que gozan aquellos fétidos funcionarios y políticos que dicen administrar la res pública, la cosa de todos”.

“Es impresionante ver como simples funcionarios del municipio capitalino salen prósperos, con emprendimientos propios y negocios por doquier, autos importados, camionetas, viajes al exterior y hasta residencias foráneas, aunque esta presidente duda de que aquellas ex funcionarias que se encuentran con residencia tanto en Miami como en Australia no estén evadiendo la justicia penal, que es lo que les corresponde, me refiero puntualmente a la Contadora Pública Nacional, Sofía Adre, ex auditora del Tribunal de Cuentas, quien estuvo como directora del Centro de Logística y a Daiana Lais Mogues, a cargo del área de Rentas de la Municipalidad”, señaló Pagano.

“Si vamos a ser justos en el análisis, no sólo el concejal Gastón Témoli merece que sea nombrado en el presente voto, sino también el concejal (Andrés) Russo, uno de los principales responsables de la situación patrimonial y de absoluto quiebre del municipio capitalino. ¿Acaso en su ejercicio de secretario de Gobierno no le cabe un 100% de responsabilidad política? Era el, junto con el señor Nicolás Carpio en su función de secretario de Hacienda quienes llevaron a cabo toda la gestión municipal. Es hora de que se hagan cargo”, consideró la auditora.

“Háganse cargo de todas y cada una de las inconsistencias de la presente Cuenta de Inversión y rindan cuentas no sólo en los estrados judiciales penales sino también a la ciudadanía”, continuó.

Pagano recomendó al Concejo Deliberante que desaprueben las Cuentas de Inversión. Sus pares adhirieron al voto.